En el barrio San Francisco, al sur de San Miguel de Tucumán, surgieron en las últimas horas denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de alimentos provenientes del Estado. Un vecino, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró a LA GACETA que le cobran $500 por cada vianda que retira de una cocina comunitaria, a pesar de que estos alimentos son provistos por el Ministerio de Desarrollo Social para ser distribuidos gratuitamente.
El vecino, quien acude a esta cocina de lunes a viernes, señaló que este cobro ha sido una constante durante varios años y que, aunque el monto varía, el pago es obligatorio para recibir las viandas. "La carne y el pollo subieron de precio, y eso impacta en lo que nos cobran, pero sé que no debería ser así", expresó.
Consultado sobre su situación económica, confesó que su edad y la falta de empleo lo obligan a depender de estas viandas. "No tengo otra opción, tengo que seguir pagando porque no llego a fin de mes", añadió.
Respuesta oficial
El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, confirmó que no está permitido cobrar por estas viandas, ya que los alimentos destinados a las cocinas comunitarias se entregan para garantizar la seguridad alimentaria de las familias vulnerables. "Este tipo de prácticas no se condice con el objetivo del programa, y tomaremos medidas al respecto", afirmó.
La administradora se defiende
La titular de la cocina comunitaria, ubicada en pasaje Cabildo y Torres Posse, inicialmente aceptó hablar con LA GACETA, pero luego se limitó a desestimar las denuncias, calificándolas como malentendidos. Según sus palabras, "los vecinos se equivocan cuando hablan de mí".
Con todo esto, las cocinas comunitarias, que surgieron para paliar la crisis alimentaria, enfrentan -una vez más- cuestionamientos sobre su administración y transparencia.